Derechos humanos y empresas en Latinoamérica: avances y retos

La responsabilidad de las empresas de respetar

La inclusión de los Derechos Humanos (DDHH) en la gestión del sector privado puede ser un tema complejo, sobre todo en territorios donde la situación de vulneración de los mismos dificulta entender la separación entre la responsabilidad del Estado y de las empresas. Sin embargo, en la mayoría de las actividades empresariales puede existir algún impacto (negativo o positivo) sobre estos Derechos, aun cuando no se tenga conciencia de ello; desde la gestión de empleados, proveedores y clientes, hasta en los productos y servicios ofrecidos. 

En 2011 se hicieron públicos los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de las Naciones Unidas, un instrumento que buscó definir el papel de las empresas frente a los DDHH, desde el marco de “Proteger, Respetar y Remediar”, y se configuró como base para la gestión de los Derechos Humanos en el ámbito empresarial. 

Estos principios afirman que los Estados tienen el deber de “proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas” y que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos, entendiendo que “deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”. 

Esta responsabilidad tiene un alcance a las empresas de todos los sectores y tamaños y va más allá de los impactos directos que pueda causar la compañía, ya que incluye también cualquier efecto negativo que haya contribuido a causar y las vulneraciones que estén relacionadas con sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales. 

Para que las empresas puedan cumplir con su responsabilidad en relación con los Derechos Humanos, deben contar con un compromiso político; llevar a cabo un proceso de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre sus impactos (directos e indirectos) sobre los DDHH; y contar con procesos que permitan reparar cualquier impacto negativo en los DDHH que hayan causado o contribuido a causar.

Benchmark de Derechos Humanos y empresa en latinoamérica

Tomando en cuenta lo anterior, y con el fin de conocer los avances en materia de Derechos Humanos y empresas en Latinoamérica, PwC Colombia realizó un análisis de la información pública de 75 empresas de 5 países de la región (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) pertenecientes a más de 10 sectores (servicios financieros, construcción, minería, petróleo y gas, alimentación y bebidas, entre otros). Se utilizó como criterio de selección el Ranking de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2019, por lo que se analizaron las empresas que hacían parte del top 15 del ranking de cada país en cuestión. 

El estudio buscó identificar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las empresas escogidas, en términos de su compromiso político y el desarrollo del proceso de Debida Diligencia. En primer lugar, se encontró que el 53% de las compañías analizadas cuentan con una política de Derechos Humanos y el 41% con un proceso de Debida Diligencia.

En cuanto a los resultados por país, se identificó que Colombia, México y Chile se encuentran más avanzados en términos de número de empresas que cuentan con política de Derechos Humanos, mientras que la mayoría de las empresas en Brasil y Perú no cuentan con este documento.

Por otro lado, tomando en cuenta que en el ranking de DJSI existen diferentes distinciones según la calificación obtenida, y que tanto la política como la debida diligencia son requisitos del formulario del ranking, se evidencia que mientras más alta sea la distinción mayor es el número de empresas que cuentan con política y debida diligencia en Derechos Humanos. Sin embargo, llama la atención que dentro de las categorías Gold, Silver y Bronze (las distinciones más altas) todavía se encuentran empresas que no cuentan con estos procesos.

Como se mencionó anteriormente, el DJSI considera la política y el proceso de Debida Diligencia en Derechos Humanos como uno de los criterios calificables en su análisis, sin embargo, se observa que 35 de las empresas analizadas no cuentan con política de Derechos Humanos y 44 no han realizado un proceso de debida diligencia. Con lo anterior se percibe que algunas empresas se han quedado únicamente en la declaración de responsabilidad, pero no han llevado a cabo el proceso para identificar los posibles impactos que pueden existir en sus operaciones y en su cadena de valor frente a los DDHH, lo que dificulta entender si están llevando a cabo una gestión adecuada de su responsabilidad frente a los Derechos Humanos. 

Es fundamental entender que la importancia de la política y el proceso de Debida Diligencia radica en ser herramientas para impulsar la gestión y la rendición de cuentas, por lo que en el estudio hecho, llama también la atención que de las 31 compañías que afirman tener debida diligencia únicamente siete (7) de ellas comparten públicamente los resultados de este proceso y las acciones derivadas de estos resultados. 

Algunos de los posibles impactos en los Derechos Humanos identificados por las compañías que hacen públicos los resultados del proceso de Debida Diligencia están relacionados con: igualdad y no discriminación, corrupción, liberta de asociación, impactos ambientales, minorías, seguridad del empleado y del consumidor, condiciones laborales (horas, salario, seguridad), trabajo infantil, derechos sobre tierras, pueblos tradicionales, acoso laboral, entre otros. Esto demuestra que el alcance de los impactos en Derechos Humanos se pueden materializar en toda la cadena de valor y sobre diferentes grupos de interés, de ahí la importancia de desarrollar el ejercicio de debida diligencia, para poder identificar cuáles impactos podrían existir y en dónde podrían ocurrir. 

Los Derechos Humanos en otros estándares internacionales 

Lo anterior muestra que los Derechos Humanos se han posicionado como un asunto relevante en la actividad empresarial, y que los creadores de estándares y las organizaciones que buscan impulsar lineamientos de sostenibilidad perciben la debida diligencia en DDHH como fundamental en el proceso de mitigar los posibles impactos negativos del sector privado.

Desafíos para la implementación de los Principios Rectores 

Si bien es claro que ha habido avances en términos de gestión de Derechos Humanos en el ámbito empresarial de la región, y se puede destacar que hay empresas con un nivel de gestión y transparencia significativo, queda todavía un camino importante por recorrer en términos de sus impactos sobre los Derechos Humanos en toda su cadena de valor. 

Los desafíos más importantes en este proceso son, por un lado, alcanzar un entendimiento profundo de lo que implica la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos en términos de gestión, que logre disipar las dudas y tabúes construidos alrededor de los Derechos Humanos como un tema de acción propio del Estado. Por otro lado, es necesario asegurar que los inversionistas y la alta dirección de las compañías se comprometan a integrar los Derechos Humanos en su gestión y sean impulsores de este proceso.

 Por último, lograr que los Derechos Humanos se conviertan en un tema transversal a la gestión empresarial, entendiendo que no es un tema que atañe únicamente al área de sostenibilidad o Responsabilidad Social de las compañías, sino que los riesgos e impactos en Derechos Humanos se pueden materializar en toda la cadena de valor, por lo que requieren del compromiso y gestión conjunta de todas las áreas de la organización, con un involucramiento importante de las áreas de riesgos. 

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