Ryan Murphy
Socio líder Global de Investigaciones y Forense, PwC US
Alberto Orozco
Socio de Investigaciones y Análisis Forenses, Cibernética, Riesgos y Regulación, PwC US
Vanessa Salinas
Socia de Investigaciones y Análisis Forenses, Cibernética, Riesgos y Regulación, PwC US
Alfredo Hernández
Socio de Investigaciones y Análisis Forenses, Cibernética, Riesgos y Regulación, PwC México
Emily Aviad
Directora de Investigaciones y Análisis Forense, Cibernético, Riesgo y Regulación, PwC US
Chris Costa
Director General de Investigaciones y Análisis Forenses, Cibernética, Riesgos y Regulación, PwC US
La corrupción ha persistido en toda América Latina durante décadas y no ha disminuido, a pesar de los esfuerzos de reforma en la región. Se entiende por corrupción cualquier pago, oferta o promesa de "cualquier cosa de valor" a un funcionario para obtener una ventaja comercial indebida. Según un análisis de PwC, las prácticas corruptas en Latinoamérica están evolucionando: están dejando de lado los regalos, desplazándose hacia sobornos que se canalizan a través de socios comerciales y proveedores, ya sean reales o ficticios. Esto se observa en los casos de empresas investigadas por posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos ha intensificado la lucha contra las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en la región, enfocándose cada vez más en responsabilizar a individuos por conductas indebidas. Desde 2019, esto se ha traducido en numerosas condenas significativas en América Latina, incluyendo 67 condenas individuales.
Con el aumento de la cooperación transfronteriza entre las fuerzas de seguridad estadounidenses y locales, las empresas que operan en América Latina o que planean trasladar instalaciones a esta región deben tomar medidas inmediatas para reducir los riesgos de corrupción. Pueden comenzar implementando tecnología innovadora que les ayude a mejorar la supervisión y la evaluación del cumplimiento anticorrupción tanto en sus operaciones como en las de sus proveedores en la región.
La relación entre tecnología y prevención de la corrupción en América Latina es compleja y multifacética. Por un lado, las herramientas tecnológicas aplicadas al ejercicio de analítica de datos y computo forense, por ejemplo, son fundamentales para prevenir y detectar casos de corrupción, promover la transparencia y facilitar la rendición de cuentas; Sin embargo, en contextos regionales donde las instituciones pueden ser débiles, o las legislaciones poco efectivas, la tecnología también puede ser manipulada por los corruptos para encubrir actividades ilícitas y desviar fondos de manera innovadora.
Por este motivo, es que una combinación entre tecnología forense y expertos investigadores con conocimiento en compliance que conocen sobre la materia y pueden interpretar adecuadamente la información, son la fórmula adecuada para hacer frente a este fenómeno, que usualmente incluye la complicidad de terceros. Así, mientras que la innovación tecnológica ofrece oportunidades para combatir la corrupción, también plantea nuevos desafíos que requieren un enfoque integral y un compromiso real de parte de los gobiernos y la sociedad civil.
A pesar de las recientes leyes y regulaciones contra el soborno y la corrupción en muchos países de América Latina, los avances han sido inconsistentes debido al debilitamiento de las instituciones democráticas. Países que anteriormente lideraban la lucha contra la corrupción, como Brasil, han disminuido sus esfuerzos para implementar campañas efectivas de aplicación de la ley.
Según un estudio de Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) medio de LATAM es de 35,95 sobre 100, siendo 100 «muy limpio» y 0 «muy corrupto».
Sin embargo, los riesgos de corrupción que enfrentan las empresas en la región pueden ser diferentes a los de otras partes del mundo. Para identificar estos riesgos únicos, hemos analizado los acuerdos de corrupción de empresas investigadas por posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero relacionadas con sus actividades en América Latina en los últimos 20 años. Los resultados revelaron un total de 105 casos específicos en 15 países, así como 16 patrones únicos de soborno asociados con estos casos.
En los últimos 20 años, Brasil, México y Argentina han sido los países de América Latina con el mayor número de acuerdos de corrupción. Brasil, que ha sido particularmente activo en la aplicación de sus leyes contra el soborno y la corrupción en la última década, especialmente a través de la investigación Lava Jato iniciada en 2014, reportó 14 casos en los últimos cinco años. En contraste, México solo registró 6 casos durante el mismo período. El reciente aumento de casos en Brasil se debe probablemente a niveles sin precedentes de cooperación transfronteriza con las autoridades estadounidenses y a importantes acuerdos de soborno alcanzados en 2022. Además, en los últimos años, también ha crecido la cooperación con otros países de la región.
Los métodos de corrupción están profundamente arraigados en las operaciones comerciales en América Latina. Entre los más comunes se encuentran los pagos ocultos a través de socios comerciales, los desembolsos que evidencian la debilidad de los controles financieros y los pagos disfrazados como regalos o donaciones.
Los pagos a través de socios comerciales son el método más común de corrupción y requieren la complicidad de terceros, como asesores, agentes de ventas, distribuidores o proveedores de servicios, para facilitar transacciones financieras ilícitas. Estas relaciones suelen resultar en facturas infladas, sobrefacturación y otras actividades fraudulentas que desvían fondos de la empresa.
Algunos funcionarios electos y colaboradores públicos suelen aprovechar sus cargos para beneficio personal a través de malversación, apropiación indebida de fondos públicos y comisiones ilegales en contratos. La corrupción es endémica, ya que estos funcionarios pueden exigir sobornos a cambio de servicios esenciales o para agilizar trámites burocráticos.
Fuente: Últimos 20 años Acuerdos de la FCPA relacionados con América Latina.
Para entender mejor las tendencias más recientes, también examinamos las liquidaciones de los últimos cinco años. Este análisis revela que los pagos realizados a través de relaciones comerciales siguen siendo el principal método de soborno utilizado por las empresas. Aunque el uso de regalos, viajes, donaciones y actividades recreativas ha disminuido en este período, este descenso ha sido compensado por un aumento en los pagos a proveedores y el uso de facturas ficticias, incluyendo la creación de empresas fantasma para desviar fondos hacia funcionarios públicos. En conjunto, los pagos a través de socios comerciales y las facturas ficticias representan el 86 % de los casos observados.
Según nuestro análisis, los tipos de terceros más comunes involucrados en casos de corrupción son los consultores empresariales (36 %), intermediarios o corredores (28 %) y agentes comerciales o de ventas (13 %). Es importante destacar que en el 11 % de los casos registrados en los últimos 20 años se recurrió a proveedores de servicios, como catering, informática o gestión de residuos. Estas tácticas incluían el uso de proveedores que ofrecen servicios legítimos para desviar fondos hacia funcionarios públicos.
Además, nuestro análisis reveló que en el 13 % de los casos que involucraban terceros, existía una asociación directa entre él y un funcionario del gobierno. En el 79 % de los casos, se pagaron comisiones excesivas o el tercero no prestó ningún servicio real, lo que sugiere actividades fraudulentas y malversación de fondos.
Estos datos resaltan la importancia de implementar controles robustos en la contratación y supervisión de terceros. Las empresas deben asegurarse de que se apliquen medidas efectivas no solo durante el proceso de selección y pago a proveedores, sino también de contar con mecanismos de supervisión que permitan identificar y evaluar cambios en los servicios que estos proveedores ofrecen en el día a día de la organización.
Según nuestro análisis, el segundo método más común de fraude se basa en la debilidad de los controles en la gestión de tesorería, lo que permite realizar pagos indebidos. En América Latina, el 37 % de los casos que examinamos se atribuyen a una supervisión insuficiente en los procesos de tesorería, lo que facilitó estas transacciones inapropiadas. El patrón más frecuente observado en la gestión de tesorería involucraba a colaboradores que utilizaban fondos de la empresa para hacer pagos a funcionarios de gobiernos extranjeros.
Fuente: Últimos 20 años Acuerdos de la FCPA relacionados con América Latina.
Empresas de diversos sectores industriales en América Latina continúan involucrándose en prácticas corruptas. Ejemplos de ello son el soborno, la malversación de fondos y la corrupción política, que desvían recursos valiosos de servicios públicos esenciales como la salud y la infraestructura. Además, prácticas corruptas, como los pagos ilegales para obtener contratos o permisos gubernamentales, socavan la competencia leal en sectores como la construcción y la energía, lo que puede resultar en costos inflados. En última instancia, las consecuencias de la corrupción impactan a toda la sociedad, exacerbando la desigualdad de ingresos, debilitando la confianza en las instituciones y obstaculizando el desarrollo económico y social en la región.
A medida que el mercado de América Latina continúa creciendo, es fundamental comprender el panorama actual de la corrupción en la región. Las autoridades estadounidenses probablemente mantendrán una postura firme en la aplicación de la ley, y la creciente cooperación transfronteriza entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley indica que las empresas sin controles sólidos contra la corrupción podrían enfrentar investigaciones y sanciones costosas. Recientes acuerdos en estos casos han resultado en multas de cientos de millones de dólares.
A medida que evolucionan los riesgos de corrupción en América Latina, las organizaciones ya no pueden depender de una estrategia única o global para enfrentar estos desafíos. Las empresas que operan o que planean hacerlo en la región deben considerar implementar las siguientes medidas:
Revisa tus operaciones actuales y futuras en América Latina, realizando una evaluación exhaustiva de los riesgos específicos del sector, la región y el país. Esto implica un profundo conocimiento de la cultura, la legislación y el entorno normativo locales. Estos conocimientos son fundamentales para la implementación efectiva y la mejora continua de tu programa de cumplimiento anticorrupción.
Diseña un programa para abordar las deficiencias identificadas. Las medidas correctivas pueden incluir la implementación de nuevas soluciones para detectar y prevenir pagos ilegales, el refuerzo de políticas y procedimientos, la capacitación detallada de los empleados y la mejora de la gobernanza del programa. Es fundamental documentar estas mejoras a lo largo del tiempo para evidenciar el compromiso de tu empresa con el cumplimiento y la gestión de riesgos.
Adopta una solución de cumplimiento innovadora que utilice análisis de datos y automatización para supervisar y evaluar eficazmente tus esfuerzos de cumplimiento. Esto te permitirá obtener información valiosa sobre tus operaciones y mejorar la toma de decisiones al consolidar y visualizar atributos de riesgo tanto cualitativos como cuantitativos.
Este artículo está basado en el artículo “Managing corruption risk in Latin America” de PwC US . Esta versión es organizada y revisada por PwC Colombia.