En las últimas décadas, han surgido cambios drásticos en la globalización y, a su vez, un gran crecimiento en la demanda de mercados y los avances tecnológicos. Razones por las cuales las normativas aplicables a precios de transferencia no son solo un punto de interés para las administraciones tributarias, sino también una materia de preocupación generalizada para las empresas multinacionales. Derivado de esta situación, se incursiona el plan de fiscalización BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), el cual ha causado una gran tendencia en la forma en cómo se desarrollan y llevan a cabo las prácticas fiscales en nuestra región. Desde la fecha de su implementación, se han desarrollado 15 acciones, las cuales son puestas en práctica por diferentes jurisdicciones, cambiando así las reglas del juego en que se manejan los precios de transferencia y la fiscalidad en general. A raíz de la reciente implementación de BEPS 2.0 que incorpora los pilares 1 y 2, las empresas multinacionales se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades, que exigen una revisión exhaustiva de las políticas de precios de transferencia de las empresas multinacionales, así como su cumplimiento con los requisitos fiscales actuales.
En nuestra región, observamos cómo las administraciones tributarias han comenzado a implementar el plan de acciones BEPS, adaptándolo como un conjunto de recomendaciones destinadas a llevar sus leyes y regulaciones a estándares de nivel internacional. En particular, hay un creciente interés en la implementación de la documentación de precios de transferencia, en demostrar la sustancia económica e incrementar la transparencia en las operaciones intercompany y en los modelos de negocios de las empresas multinacionales y su relación con las administraciones tributarias. Todo esto con el objetivo de mostrar mayor visibilidad en el cumplimiento de divulgación de la información detallada.
En este contexto, República Dominicana ha ido avanzando en el desarrollo de políticas que se adecúan a las recomendaciones de la OCDE y el país se incorporó al Marco Inclusivo del proyecto BEPS en el año 2018. Dentro de los compromisos adquiridos, se firmó el decreto 256-21 en abril de 2021, el cual fue una modificación a los artículos 5, 7, 10 y 18 del decreto 78-14. Este decreto abarca los temas de documentación y análisis funcional, acercando al país a las mejores prácticas internacionales. Esto ha sido un hito importante dirigido a alcanzar la competitividad en circunstancias fiscales que están siendo estrechas.
Por su parte, Panamá, al formar parte del Marco Inclusivo para la implementación del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde el año 2016, ha adquirido el compromiso de cumplir con el plan de fiscalización BEPS, transformando la forma en cómo se gestionan los precios de transferencia. Un claro ejemplo de este compromiso es la Ley 57 del 24 de octubre de 2018, que crea el Régimen Especial de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), el cual establece la obligatoriedad de precios de transferencia a las entidades panameñas que realicen operaciones con partes relacionadas que dispongan de una licencia SEM.
Aunque esto presenta una oportunidad para mejorar la percepción de Panamá como un destino de inversión atractivo, también ha elevado el nivel de dificultades que enfrentan las empresas multinacionales, ya que se les exige cumplir con los nuevos requisitos regulatorios, reestructurándose para adecuar sus prácticas de precios de transferencia a las regulaciones locales e internacionales.
Entre los últimos avances en nuestra región, a partir del año 2021, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en ser miembro de la OCDE y el cuarto país de América Latina y el Caribe, después de México, Chile y Colombia. Este hito refleja la importancia de continuar trabajando para diseñar e implementar mejores prácticas y políticas.
No existe duda alguna del impacto que BEPS ha tenido en las empresas multinacionales, principalmente en la necesidad de examinar su cadena de suministros a escala global, demostrando mayor transparencia en sus operaciones, obligando a las organizaciones a tener que rediseñar sus modelos de negocio. Por este motivo, muchas compañías comienzan a adoptar un enfoque nuevo más holístico en el que la alta planificación tributaria y la cadena de suministro constituyen un único elemento.
Otra tendencia interesante que está surgiendo en el entorno actual es el traslado de las actividades económicas hacia aquellas jurisdicciones que se caracterizan por estabilidad y previsibilidad en los aspectos fiscales. Por ello, esta tendencia no es exclusivamente un cambio en la perspectiva geográfica de los procesos de negocio, sino también en la manera en cómo se estructuran los precios de transferencia y las partes involucradas. Ahora bien, con estos cambios, corresponde a los grupos multinacionales argumentar que la política de precios de transferencia que han implantado corresponde a la realidad de las transacciones económicas y que es congruente con el objetivo de la creación de valor.
Asimismo, la adopción de las nuevas tecnologías ha modificado la naturaleza de las relaciones comerciales entre las empresas, sus clientes y proveedores. Aunque este hecho trae notables beneficios, también afecta otras aristas como el cumplimiento fiscal. Con el objetivo de demostrar la transparencia en el dinámico entorno del comercio digital en sus operaciones, surge la necesidad de alcanzar un enfoque preventivo en cuanto a la adopción de políticas intercompany de precios de transferencia, y asegurar que estas prácticas cumplan con las normativas y expectativas de las administraciones tributarias.
En países como Panamá, República Dominicana y Guatemala, que cuentan con administraciones tributarias muy activas en esta materia, las empresas multinacionales deben lograr un balance entre la efectividad operativa y el cumplimiento tributario. Por ejemplo, las cadenas de suministro que antes se optimizaron solo por costo, ahora pueden resultar obsoletas y representar riesgos por nuevos requerimientos de documentación y sustancia económica. Por lo tanto, las multinacionales que encuentren el equilibrio entre estos factores estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del mercado y abordar el escrutinio de las autoridades fiscales.
A medida que avanzamos hacia un futuro post-BEPS, es probable que veamos un aumento en la colaboración entre países en la fiscalización de precios de transferencia. Un aspecto clave es el aumento de la cooperación internacional entre administraciones tributarias. La implementación de iniciativas como el intercambio automático de información promete incrementar la transparencia y la colaboración, lo que complicaría aún más el camino para las empresas que no se ajusten a las normativas vigentes.
Como mencionamos anteriormente, con la introducción de las normas BEPS 2.0, el Pilar 1 introduce el concepto del "Monto A", el cual tiene como objetivo redistribuir parte de los derechos de tributación a países donde las empresas generan ingresos, independientemente de su presencia física. Esto representa un desafío considerable para las multinacionales, ya que se deben revisar y actualizar los métodos de asignación de beneficios y considerar las implicaciones en sus estructuras operativas. Por otro lado, el "Monto B" busca estandarizar la remuneración por la provisión de ciertos servicios intra-grupo, lo que ofrece una oportunidad para simplificar el cumplimiento y minimizar controversias fiscales, aunque su aplicación uniforme puede ser complicada debido a la diversidad de industrias y modelos de negocio.
A su vez, el Pilar 2 busca que todas las multinacionales cumplan al menos con la carga fiscal mínima en los países donde operan. Esto implica que dichos Grupos multinacionales se adecuen a las nuevas exigencias, lo cual puede provocar cambios importantes en el diseño de sus estructuras fiscales para demostrar que se adecuan a las nuevas reglas del juego de niveles mínimos de tributación.
Adicionalmente, se anticipa que en futuros avances de tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos, estos serán imperativos para extender el cumplimiento de las regulaciones de precios de transferencia. Dichas herramientas ayudarán a las administraciones tributarias a identificar patrones desordenados y fortalecerán su evaluación de riesgos en las construcciones de precios de transferencia, lo cual representa un conjunto importante de nuevos desafíos para las organizaciones. Estas deberán estar por delante de la curva en la implementación de tecnologías similares para seguir cumpliendo y garantizar la transparencia en sus operaciones.
En conclusión, la era Post-BEPS presenta retos, pero también oportunidades de una escala significativa a nivel global. Las reglas de precios de transferencia no son estáticas, y cualquier organización debe aprender a operar en un entorno fiscal en constante cambio y cada vez más competitivo y colaborativo. Las empresas tienen el reto de cumplir con requisitos legales cada vez más complejos, y ser proactivas en la manera en cómo gestionan y controlan los precios de transferencia no solo les permitirá mitigar un abanico de riesgos, sino también puede representar una venta de oportunidades, reestructurando sus operaciones. Con las medidas adecuadas implementadas y de la mano con una cultura de transparencia, las empresas no solo pueden adaptarse, sino prosperar en el nuevo panorama.
Por Carolina González, Gerente de Precios de Transferencia | PwC Guatemala
Los ajustes de precios de transferencia se refieren a los mecanismos utilizados por las empresas multinacionales y las autoridades fiscales, para asegurarse que el precio de los bienes, servicios y derechos de propiedad intelectual
Los precios de transferencia se refieren a los precios a los que las empresas transfieren bienes, servicios o intangibles entre las empresas del mismo grupo económico.
El segundo pilar o Pilar dos es el nuevo marco fiscal mínimo, este introduce cambios sin precedentes en el sistema fiscal internacional. Su impacto en las grandes empresas multinacionales (EMN) no puede subestimarse.
