¿Qué son los impuestos verdes? Desde una perspectiva general los impuestos ambientales son aquellos destinados a gravar los comportamientos nocivos para la salud del planeta y los mismos pueden llegar a constituirse en una herramienta esencial para frenar el cambio climático. La definición técnica que utilizan varios organismos internacionales, como, Eurostat, la Comisión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA), es la siguiente:  "los impuestos ambientales son aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente."

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que nos enfrentamos los seres humanos, la temperatura media global ya ha aumentado 1.1º C por encima de los niveles preindustriales y de no cumplir el objetivo fijado por el “Acuerdo de París” (mantener el aumento por debajo de los 2º C y tratar de limitarlo a 1.5º C) las consecuencias podrían ser catastróficas para la humanidad, es por ello que necesitamos reducir la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En virtud de lo anterior, tanto las organizaciones ecologistas así como un gran grupo de economistas coinciden en que los impuestos ambientales o impuestos al carbono podrían ser una herramienta clave para combatir el cambio climático. 

Analizar una lista completa de los diversos impuestos ambientales es complejo, dado que cada país tiene un contexto diferente. Esto se debe a que, en algunos países, existe una gran cantidad de dichos impuestos con una gran cantidad de variantes. Los tipos de impuestos ambientales que típicamente existen se agrupan en las siguientes categorías:

América Latina y el Caribe son jurisdicciones que exhiben una exposición a los daños ambientales, teniendo una influencia negativa en la economía y en el desarrollo de la calidad de vida de la población. Los impuestos ambientales, así como las medidas regulatorias aplicadas de una forma equitativa y analizada (para no generar un desequilibrio económico), pueden ser eficientes en conjunto con las regulaciones de carácter preventivo, ya que alientan a los contaminadores a adoptar nuevas tecnologías teniendo el potencial de generar ingresos que pueden ser utilizados para reducir otros impuestos. Es importante tener en cuenta que la recaudación tributaria no es el fin supremo de los impuestos ambientales, su principal objetivo es modificar las conductas contaminantes.

La OCDE reveló que el promedio de los ingresos por impuestos relacionados con el medio ambiente en América Latina y el Caribe ascendió a 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2020, pero la cifra es menor que la media de la OCDE, de 2.0% del PIB.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), en su informe denominado Política Fiscal y Medio Ambiente, señala que los rezagos regionales en la reducción de la pobreza, mitigación de la desigualdad y deterioro ambiental dificultan la coordinación de las políticas fiscales y medioambientales, por lo que su aplicación sigue siendo un desafío pendiente para el desarrollo sostenible. No obstante, se comenzaron a ver avances en la región años atrás con la introducción de impuestos a los combustibles. Sin embargo, en la mayoría de los países, estos impuestos fueron aplicados con fines recaudatorios y no se considera que hayan sido motivados por propósitos ambientales. Los países de América Latina y el Caribe han desarrollado durante los últimos años algunos impuestos para atender objetivos medioambientales, en ningún caso la introducción de los mismos ha formado parte de un enfoque integral que incorpore dimensiones medioambientales en sentido estricto.

Si bien, en la región de Centroamérica existen una serie de incentivos fiscales para la producción y generación de energía renovable. Lastimosamente todos sufren de la inexistencia de una matriz ambiental definida que cuente con un análisis jurídico, económico y medioambiental que permita diseñar políticas medioambientales sostenibles a largo plazo. En cuanto a Centroamérica, Costa Rica es el país que cuenta con un enfoque de mayor alcance fiscal-ambiental, considerando que cuenta con impuestos medioambientales como: Timbre de Fauna Silvestres, Impuesto a la Ley Forestal, Timbre Pro Parques Nacionales, Canon de Aprovechamiento de Agua, entre otros. A Centroamérica aún le queda un largo trecho en el desarrollo de marcos jurídico-tributarios enfocados en el medio ambiente, bajo la premisa que el éxito de las estrategias nacionales de desarrollo depende en buena medida de la introducción de políticas públicas que den una respuesta adecuada a los desafíos medioambientales y que tengan la capacidad de modificar tanto las pautas de consumo como las modalidades de producción prevalecientes en la región. Por esto las políticas fiscales, en general, y los sistemas de incentivos tributarios en particular representan herramientas fundamentales para impulsar estas transformaciones. 

Las reformas fiscales con fines ambientales tendrán consecuencias sobre la eficiencia productiva y sobre la distribución del ingreso entre hogares, sectores, productivos, regiones y factores de producción. Estas deben de funcionar en armonía con la utilización de herramientas de gestión ambiental directa, tales como los estándares de calidad ambiental, normas sobre emisiones y descargas contaminantes, licencias medio ambientales. Las reformas fiscales medioambientales con una estrategia económica y social, junto con el resto de los objetivos de desarrollo general del país, crean un enfoque balanceado para el avance sobre los distintos desafíos que enfrentan nuestras jurisdicciones.