El análisis costo-beneficio surge como herramienta clave en la transformación de la función fiscal, principalmente en un entorno empresarial dinámico y competitivo. En este contexto, la evaluación financiera se enfoca en los resultados y objetivos de las áreas funcionales, especialmente la fiscal.
La capacidad de las empresas para establecer una estructura fiscal adecuada y definir su alcance es, hoy en día, un requisito fundamental. Asimismo, gestionar eficientemente los impuestos y cumplir con las obligaciones fiscales son aspectos cruciales que impactan directamente la posición financiera y el desempeño empresarial.
Al considerar los objetivos y resultados del área fiscal, el análisis costo-beneficio permite a los líderes de impuestos una gestión óptima de los recursos y una toma de decisiones informada, lo que eleva su rol estratégico.
Para transformar la gestión actual de la función fiscal de manera efectiva, es necesario establecer objetivos concretos que se adapten a las circunstancias individuales de cada empresa. En el contexto mexicano, se recomienda que las organizaciones evalúen al menos objetivos relacionados con el cumplimiento, la optimización de costos, la gestión de riesgos, el análisis y la anticipación de cambios normativos, así como la actualización constante en materia fiscal.
El incumplimiento puede resultar en infracciones e incluso la comisión delitos y, en caso de falta de pago oportuno, no solo se aplican multas, también actualizaciones por inflación y recargos. Las multas no son deducibles y su costo financiero puede ser considerable al calcularse con un factor de piramidación del 1.4286, considerando una tasa efectiva de impuestos del 30%. Por ejemplo, una multa nominal de 100 unidades económicas equivale a un costo efectivo de 143 unidades económicas.
En el ejercicio fiscal 2022, el no cumplimiento del dictamen fiscal resultó en multas acumuladas de 108 millones de pesos, mientras que las multas aprobadas para 2024 aumentaron un 12%, aproximadamente, en comparación con el año pasado. Además, el incumplimiento podría llevar a la suspensión temporal del certificado de sello digital, generando problemas operativos significativos.
Los objetivos relacionados con la mejora de procesos internos, la anticipación a través de la prospección, así como la actualización continua en regulaciones y prácticas fiscales se sustentan en la implementación de tecnologías y la estandarización de procedimientos. De igual forma, el trabajo con áreas distintas a la fiscal y la capacidad de procesar información serán acciones diferenciadoras de la función fiscal como aliado estratégico de la organización.
La automatización de tareas rutinarias libera tiempo para que el talento se enfoque en el análisis y resolución de situaciones complejas utilizando la información proporcionada por la tecnología. La evolución en el uso de estas soluciones también impulsa la revisión y adaptación de los controles para incrementar la eficiencia operativa fiscal y fomentar la innovación a través de desarrollos tecnológicos específicos para abordar las necesidades particulares de cada empresa.
Los profesionales en materia fiscal necesitarán evolucionar en su rol y adquirir un mayor conocimiento sobre las tendencias y tecnologías de vanguardia que pueden mejorar la eficiencia y los resultados.
Más que un centro de costos, el área fiscal debe ser observada como una función estratégica capaz de crear valor para la organización. En este sentido, es necesario generar un retorno mínimo que justifique el costo del modelo operativo adoptado para cumplir los objetivos establecidos.
Uno de estos modelos consiste en la transformación interna mediante programas de reskilling (adquisición de nuevas habilidades) y upskilling (desarrollo de habilidades existentes), lo que permite al talento fiscal adquirir las competencias necesarias para enfrentar los desafíos emergentes y aprovechar los beneficios fiscales.
Diseñar programas de capacitación adaptados a las necesidades específicas del área fiscal y del negocio requiere:
Para evaluar de manera efectiva el impacto de programas de reskilling y upskilling, es necesario establecer una medición de retorno sólida. En este sentido, los indicadores clave de rendimiento (KPI) ayudan a evaluar el progreso y los resultados logrados. Algunos KPI pueden incluir la mejora en la eficiencia de los procesos fiscales, la reducción de errores, el aumento en la capacidad de asesoramiento estratégico y el cumplimiento normativo mejorado. La medición de retorno también puede incluir un análisis costo-beneficio para evaluar la rentabilidad de los programas implementados.
En un análisis costo-beneficio, es importante considerar la tasa de retorno al comparar el costo de oportunidad con la rentabilidad de la empresa en general o de proyectos específicos que puedan estar relacionados con las funciones del área fiscal.
Realizar un análisis de sensibilidad ayudará a evaluar cómo cambian los resultados si se modifican ciertas variables clave, como los costos o los beneficios estimados. Esto ayudará a comprender mejor el impacto de estas variables en el análisis costo-beneficio y a tomar decisiones más informadas.
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