Si bien en los últimos años se han pospuesto las discusiones para una reforma fiscal importante, es esperable que la próxima administración retome este tema en el mediano plazo, principalmente por las presiones generadas desde los sistemas de pensiones y salud. En este sentido, se refuerza la necesidad de ampliar el espacio fiscal, ya que la base actual de contribuyentes cautivos y la apuesta a una mayor fiscalización a los grandes contribuyentes podrían ser una medida insuficiente para recaudar ingresos.
Sin duda, el componente político estará presente durante 2024 y ante la incertidumbre que pudiera generarse, los líderes del área de impuestos necesitan elaborar escenarios de factibilidad sobre las implicaciones de la aprobación de cambios fiscales (incluyendo aquellos que deriven de otros temas, como el laboral), su impacto y la posible respuesta de la empresa; también será necesario que cuenten con datos sobre sus contribuciones fiscales y el panorama económico en su interacción con tomadores de decisión presentes y futuros.
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Entre las propuestas que podrían tener un impacto fiscal en las empresas, los líderes de impuestos necesitan evaluar iniciativas de reforma como:
En un ambiente regulatorio en constante cambio, los líderes de impuestos requieren agilizar la capacidad de cumplimiento y respuesta de la función fiscal. Entre las modificaciones más importantes se encuentran las relacionadas con regulaciones laborales, ya que, además de revisar los controles de cumplimiento en este tema, es primordial realizar una evaluación cuidadosa sobre su impacto fiscal en la empresa.
Como parte de este análisis, se debe observar el avance de reformas laborales pendientes, como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el pago obligatorio de aguinaldo por 30 días laborales y la contratación inclusiva que destine el 10% de la plantilla laboral a grupos vulnerables.
Si bien la llegada de nuevas regulaciones requiere comprender y prepararse para cumplir adecuadamente, también es crucial revisar la estructura de cumplimiento ante las regulaciones vigentes, como la obligación de identificar al beneficiario controlador.
Para optimizar la función fiscal a largo plazo, se recomienda que los directores de impuestos y sus equipos fortalezcan su capacidad para identificar riesgos, incluida la actualización de los documentos de gobernanza y los controles internos, de acuerdo con las regulaciones mexicanas.
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Pilar 2 supone un cambio histórico en las normas fiscales internacionales al proponer un estándar global para la tributación de las grandes empresas multinacionales con ingresos consolidados (o su equivalente) superiores a 750 millones de euros. De esta manera, la imposición de una Tasa Impositiva Efectiva (ETR, por sus siglas en inglés) del 15% se efectuaría sobre los ingresos en cada uno de los países donde operan estas organizaciones.
La implementación de Pilar 2 incorpora nuevos conceptos y reglas a las regulaciones vigentes para dar cumplimiento al compromiso de los 140 países miembros del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos México. En este sentido, uno de los efectos más importantes de esta medida hacendaria podría observarse en regulaciones, como el Régimen Fiscal Preferente (REFIPRES).
Pilar 2 impactará diferentes partes de la empresa, ya que, si bien es un cumplimiento fiscal nuevo, se requiere el involucramiento de todas las áreas que, por su operación, generen obligaciones fiscales.
Las empresas sujetas a Pilar 2 están obligadas a preparar anualmente la información solicitada por jurisdicción, independientemente de si el cálculo les da a pagar o no una cantidad adicional para alcanzar el 15% en cada jurisdicción. Esto implica realizar los cálculos y ajustes correspondientes para asegurar que la información reportada cumpla con las reglas y sea auditable.
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Las regulaciones de Pilar 2 pueden tener un impacto en el modelo operativo de la función fiscal, haciendo necesario un sistema sólido para recopilar y procesar datos con distintos objetivos:
Fuente: Análisis de PwC, 2023.
En México, se han realizado avances significativos contra el deterioro ambiental, incluyendo compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la transición hacia energías limpias. Una herramienta importante de política pública son los impuestos verdes o ecológicos. Actualmente, 13 estados del país aplican impuestos verdes, mientras que a nivel federal se grava la compraventa de ciertos combustibles, plaguicidas y vehículos nuevos.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 2023 se han recaudado más de dos mil millones de pesos por concepto de impuestos verdes, de los cuales, el gravamen con mayor tributación es la extracción de materiales del suelo, subsuelo, pétreos y minerales (43.2%), seguido del impuesto a las emisiones de gases (30.4%), la emisión de contaminantes (25.9%) y al depósito o almacenamiento de residuos (0.6%).
Los impuestos verdes no solo buscan internalizar el costo ambiental derivado de las actividades productivas, sino que juegan un papel crucial en la promoción de prácticas de negocio sostenibles.
El líder de impuestos requiere evaluar el impacto y las implicaciones de la tributación para el cumplimiento, así como la creación de estrategias sostenibles que mantengan a la organización competitiva. Al colaborar con otras áreas, el director de impuestos puede planear e implementar acciones que ayuden a la organización a reducir la carga tributaria y generar nuevas oportunidades de negocio.
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Los planes de transformación tecnológica de las empresas indudablemente deben considerar a la función fiscal como una prioridad estratégica que, con una planeación y ejecución correctas, permitirá mejorar la eficiencia y eficacia del área fiscal, además de un potencial retorno de inversión para la organización.
Esta necesidad de cambio responde a la creciente velocidad de los requerimientos de las autoridades fiscales, altos volúmenes de datos y una gran diversidad de fuentes de datos. Así, las áreas fiscales con un alto perfil tecnológico especializado estarán mejor preparadas para enfrentar auditorías (cada vez más frecuentes), calcular correctamente los impuestos a pagar, mejorar los análisis y toma de decisiones, así como acelerar procesos de recuperación de impuestos (saldos a favor).
La creciente fiscalización, a través de la explotación de la Big Data que concentran las autoridades fiscales, requiere una evolución tecnológica de los departamentos de impuestos de los contribuyentes. Como en cualquier proceso de transformación, existen inhibidores y resistencia al cambio, los cuales es imprescindible tener en cuenta al diseñar la estrategia de esta evolución.
La automatización de procesos permite elevar el nivel operativo en cuanto a la capacidad de respuesta de los departamentos de impuestos, ya que brinda herramientas para transformar el trabajo cotidiano de la preparación al análisis de resultados. Esto ahorrará tiempo en procesos de bajo valor, mejorando los análisis de cálculos y datos que permitirán al equipo de impuestos ser un agente de cambio y ofrecer mejoras en los procesos de las áreas operativas que originan los datos que intervienen en la función fiscal.
Digitalizar la función fiscal implica colaborar con otras áreas de la empresa. Por ejemplo, trabajar con el equipo de TI permitirá utilizar la tecnología en el cumplimiento de responsabilidades fiscales. De igual forma, consultar a las áreas operativas mejorará la calidad de la información y fomentará la mejora continua de procesos.
Asimismo, realizar un inventario de tecnologías adoptadas permite al director de impuestos conocer la situación del área fiscal, identificar vacíos de cumplimiento y brindar capacitación para aprovechar lo existente y controlar costos en la transformación de la función financiera.
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Diferenciar el costo vs el valor de la transformación de la función fiscal es una perspectiva que los líderes de impuestos requieren comunicar al liderazgo. Algunos de los primeros pasos consisten en:
Las empresas manufactureras a nivel global están enfocadas en fortalecer su resiliencia y mitigar posibles disrupciones que afecten sus cadenas de suministro. Actualmente, las empresas evalúan trasladar sus operaciones, de manera parcial o total, desde China hacia México u otras regiones de Asia, en respuesta a los retos geopolíticos y económicos de los últimos años.
Sin embargo, la relocalización requiere una evaluación profunda por parte del líder de impuestos, ya que es necesario conocer las particularidades de la región en donde se instalaría la planta de producción. Por ejemplo, las oportunidades fiscales en áreas de inversión fija bruta; beneficios que un tratado de comercio internacional puede ofrecer a una compañía que se instale en un país, así como el cumplimiento de regulaciones comerciales y laborales.
Los directores generales encuestados en la Global CEO Survey 2024, ubicaron por segundo año consecutivo a México como el décimo país más importante para la generación de ingresos para sus organizaciones. Cabe mencionar que este año México es el único país en Latinoamérica dentro del top 10. Esta cifra refleja el potencial del país como aliado estratégico para las empresas a nivel global.
Es recomendable que los líderes de impuestos colaboren estrechamente con las áreas que toman decisiones estratégicas en cuanto a la relocalización de una parte o la totalidad de las operaciones. Por ejemplo, si la estrategia de nearshoring es en México, se podrían evaluar los beneficios que los estados y federación podrían ofrecer a las compañías; este último publicó un decreto de estímulos fiscales para 2024 y 2025, así como en el desarrollo del capital humano, para aquellas empresas exportadoras que inviertan en el territorio nacional.
Asimismo, es importante que los líderes de impuestos analicen las oportunidades fiscales que ofrece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a las empresas, principalmente en temas arancelarios y acceso preferencial al mercado norteamericano.
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El Gobierno de México cuenta con una estrategia de fiscalización que eficienta la recaudación por auditoría a grandes contribuyentes. En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributaría (SAT) informó que en los últimos cuatro años se han recaudado 1,976,446 millones de pesos, lo que representa un aumento del 65% respecto al sexenio anterior.
El SAT se enfoca en acciones de fiscalización relacionadas con el combate a esquemas de evasión fiscal, como las “factureras” y las “nomineras”; incremento en operativos carreteros y de almacenes para combatir el contrabando; análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gastos; revisiones de operaciones de comercio exterior y revisión de tasas efectivas de los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Ante las mayores capacidades de la autoridad fiscal para encontrar inconsistencias de manera eficaz, la tecnología juega un papel clave en la transformación de la función fiscal para resolver incongruencias y cumplir con los plazos establecidos en una controversia.
Para que los directores de impuestos puedan ejercer un liderazgo proactivo, es fundamental que diseñen un plan de modernización de su función. Esto les permitirá prepararse adecuadamente para enfrentar revisiones de la autoridad fiscal y obtener toda la información y apoyo necesarios para navegar por una controversia fiscal. Además, es imprescindible colaborar estrechamente con otras áreas, como finanzas, legal y tesorería, para resolver de manera efectiva cualquier solicitud de controversia.
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A medida que las presiones fiscales aumenten, la capacidad de respuesta de las empresas ante las autoridades hacendarias debería enfocarse en tres tácticas.
Fuente: Análisis de PwC, 2023.